Dos años decisivos para la Barcelona metropolitana
El impulso al planeamiento urbano y un nuevo ciclo electoral marcarán el rumbo de la gobernanza metropolitana en un contexto convulso que poco se presta a la serenidad
En el año 2026 hará 40 años que el entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, y su equipo empezaron a encargar estudios que ayudaran a pensar en el futuro de la ciudad después de los Juegos Olímpicos de 1992, teniendo en cuenta la gran transformación no sólo física, sino también económica, a la que se tenía que hacer frente.
Dos años más tarde, de aquellos estudios salió la necesidad de trabajar de manera concertada con los principales actores económicos y sociales de la ciudad y fue así como se creó la oficina dirigida por Francesc Santacana desde la que se impulsaría el I Plan Estratégico Económico y Social Barcelona 2000, punto de partida para la configuración de lo que ahora es el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB).
Hoy, cuatro décadas después, contamos con todo un ecosistema de instituciones y organismos que nos proporcionan conocimiento sobre los más variados aspectos de la vida en la metrópoli, incluyendo una administración como el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que da servicio a 36 de los municipios metropolitanos. Sin embargo, cada vez más, diferentes análisis apuntan, como hace nuestro Compromiso Metropolitano 2030, a considerar que el territorio metropolitano real abarca como mínimo las comarcas de la veguería de Barcelona, irrumpiendo con ímpetu diferente, pero de manera progresiva y constante, en las veguerías del entorno.
Sabemos, y llevamos tiempo discutiéndolo, que no es nada sencillo encontrar una fórmula adecuada para gobernar este territorio tan dinámico y cambiante, y no sólo porque sea en sí misma una tarea técnica y administrativamente compleja que no está 100% resuelta en ninguno de los modelos que se pueden encontrar a nivel internacional. También porque tiene un gran peso el factor del poder político, que hace complicado profundizar en el debate -ya no digamos hacer propuestas concretas- especialmente en un contexto de gran fragmentación y polarización como el actual.
En cualquier caso, el acuerdo al que llegaron las instituciones y los actores económicos y sociales que conforman el PEMB a través del Compromiso Metropolitano 2030 fue el de emplazar a la administración con mayor responsabilidad en estos asuntos, la Generalitat de Cataluña, a definir en el horizonte de finales de década como mínimo las bases para una gobernanza de todo el territorio catalán que responda mejor a la situación y los retos del siglo XXI. En los mismos términos se pronunció el alcalde de Barcelona, presidente del AMB y del Consejo General del PEMB en una conferencia ante representantes empresariales al comenzar su mandato.
Faltan sólo cuatro años para 2030 y, además, el Compromiso Metropolitano 2030 llega este año al ecuador de su periodo de vigencia, de manera que parece pertinente hacer un repaso a las diversas cuestiones que pueden incidir en que el debate sobre la gobernanza metropolitana pueda desarrollarse en condiciones durante los próximos dos años para llegar a hacer realidad la demanda anterior.
En primer lugar no se puede obviar de ninguna manera la situación del mundo en general y en particular la batalla geopolítica en la que nos encontramos inmersos, especialmente por lo que representa de amenaza para la estabilidad en Europa. La enquistada guerra en Ucrania, las pretensiones de Donald Trump respecto a Groenlandia, el giro generalizado de los gobiernos dentro y fuera de la UE hacia posiciones extremadamente nacionalistas -por utilizar el apelativo más suave-, son, entre otros, factores que en cualquier momento pueden activar una reacción en cadena de acontecimientos de consecuencias imprevisibles, también sobre el rol de las ciudades y las aglomeraciones metropolitanas dentro del panorama global.
Es en este contexto cabe preguntarse por cómo debe prepararse Cataluña y, en particular, su principal metrópoli. El Gobierno apenas ha comenzado los trabajos para la revisión del Plan territorial general aprobado en 1995, que debe poner las bases de la ordenación del territorio catalán precisamente y, en último término, debería condicionar su organización administrativa. Esperamos que el proceso no se eternice y que los instrumentos de planeamiento que de él se deriven sean lo suficientemente ágiles para hacer frente a las transformaciones que vayan asociadas. En todo caso, sería interesante conocer lo antes posible los grandes trazos del dibujo que debería tener la Cataluña de mitad de siglo y aclarar si esto de la Cataluña de los 10 millones es una hipótesis, un objetivo o un escenario no deseado.
Hablando de procesos eternos, en los próximos dos años debería aprobarse definitivamente el Plan Director Urbanístico Metropolitano (PDUM), que lleva cociéndose más de una década. Cabe destacar que a la celebración este 2026 del hecho que Barcelona es Capital Mundial de la Arquitectura también podremos añadir la celebración del 50º aniversario del Plan General Metropolitano (PGM) que inesperadamente aún determina los principales aspectos urbanísticos del corazón de la metrópoli. Sería ya sin duda el momento de pasar de pantalla.
Así, será de los nuevos gobiernos locales que surjan de las elecciones de mayo de 2027 de quien dependerá que el para nada sencillo tránsito del PDUM al verdadero sustituto del PGM, el Plan de Ordenación Urbanística Metropolitano, se haga con la celeridad requerida. El hecho de que queden fuera de esta planificación los municipios metropolitanos de fuera del AMB, en particular los que son más adyacentes, sólo se podrá compensar mínimamente si los conceptos y las herramientas derivadas son compartidas, o al menos compatibles, con las que se empleen para el proceso de revisión del planeamiento para toda Cataluña.
Mencionar las elecciones municipales de 2027, las próximas en el calendario electoral vigente, nos lleva a darnos cuenta de que nos encontramos en un periodo de tiempo inusualmente largo, teniendo en cuenta la última década, sin acudir a las urnas. Aun así, los equilibrios, malabarismos y ejercicios de supervivencia del gobierno del Estado pueden no ser suficientes para agotar la legislatura (otoño de 2027) y acabar adelantándose así el inicio de un nuevo ciclo electoral. Otra vez tenemos que hablar de una potencial reacción en cadena, tanto por cómo los resultados podrían afectar al mapa político de cara a las municipales como por cómo se podrían reconfigurar mayorías en el Parlamento de Cataluña y, en último término, tener que ir también a las urnas autonómicas antes de hora.
Y, con todo ello, nos encontramos con que, a medida que se acercan estas elecciones municipales, y al amparo del enrarecido clima político, empiezan a surgir posturas del tipo "mi municipio primero" que pueden llevar a que cada uno acabe haciendo la suya. Una postura ya de por sí perjudicial cuando se adopta en ámbitos como el urbanístico o el económico, pero aún más si alcanza el terreno de los derechos sociales.
Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hoy en día, por mucho que se quiera sacar pecho de la autonomía local, no hay ayuntamiento que pueda sobrevivir sin la colaboración con los municipios y territorios de alrededor y aún menos en un entorno metropolitano. Otra cosa es que los discursos distanciadores se impongan de manera populista y sirvan para capitalizar el malestar de una parte de la sociedad de cara a la obtención de votos.
Los escenarios, en definitiva, no parecen muy alentadores. Por un lado las urgencias suelen relegar siempre aspectos estructurales y complejos como el planeamiento territorial a lo más bajo de las prioridades, aunque sean decisivos para evitar urgencias futuras. Por otro, es necesario un clima bastante más de entendimiento para hacer frente a grandes retos de país, como es este de su articulación.
La coyuntura y el futuro inmediato, pues, reclaman más que nunca la existencia de espacios que faciliten la colaboración entre administraciones y entre éstas y el resto de la sociedad, que estén al margen de la escenificación y que pongan el foco en el largo plazo. Y es que es necesario mirar hacia adelante porque la tentación de dejarse llevar por los sucesos inmediatos es demasiado grande.
Uno de estos espacios es, como hace cuatro décadas, el Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, mientras que la agenda de medio y largo plazo que debe orientar este trabajo conjunto, la única con objetivos y medidas concretas que existe ahora para la ciudad de los cinco millones, es el Compromiso Metropolitano 2030, elaborado con la participación y el acuerdo de un amplio abanico de actores de toda la región metropolitana.
Desde este espíritu colaborativo inherente al PEMB seguiremos trabajando en positivo para superar las dificultades que puedan venir para el progreso de nuestra metrópoli. Y lo haremos, como siempre, junto a todas las instituciones y organizaciones que quieran mirar más allá de las incertidumbres del presente y construir el mejor de los futuros posibles.